En un planeta que sufre cada vez más por la escasez de agua, el centro-sur de nuestro país atraviesa una de las sequías más duras de los últimos mil años. Sin embargo, Chile no ha estado a la altura de los desafíos que conlleva el cambio climático. Con una institucionalidad débil y una legislación que no prioriza el consumo humano, gran parte de la escasez puede atribuirse a una mala gestión. La situación es preocupante: hoy somos uno de los 18 países con mayor estrés hídrico del mundo.
Si imagináramos un planeta compuesto solo por el agua dulce de la Tierra, este apenas tendría 273 kilómetros de diámetro. Se trata, sin dudas, de un recurso escaso: de toda el agua que existe, solo el 1% puede ser consumida por el ser humano.
La falta de este elemento es cada vez más grave. Esto se debe, en gran parte, al cambio climático, que en muchas zonas del mundo ha aumentado las sequías extremas, reduciendo las precipitaciones y con ello el caudal de los ríos y lagos. Además, ha impactado sobre los glaciares, disminuyendo su volumen o haciéndolos retroceder.
A medida que la población mundial continúe aumentando, también crecerá la demanda de este recurso. Se estima que en 2050 el mundo necesitará más del doble de agua que en el 2000 [1].
La problemática varía alrededor del planeta, pero cerca de la mitad de la población mundial —3.600 millones de personas— vive en zonas que ya sufren o podrían sufrir escasez de agua. Esta cifra, según las Naciones Unidas, seguirá aumentando [2]. El pronóstico es alarmante: se calcula que para 2040 la mayor parte del mundo no tendrá agua suficiente.
Actualmente, muchas de las 101 cuencas hidrográficas que existen en Chile están en riesgo de déficit hídrico2. Escenarios Hídricos 20303 analizó el estado de 25 de ellas para conocer su brecha hídrica —es decir, la diferencia entre oferta y demanda de agua— y comprobó que en 20 de ellas es de moderada a alta, por lo que es necesario regular su uso [4].
Si bien las cuencas con mayor brecha hídrica están en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, en esta oportunidad nos centraremos en la del río Maipo, ya que, por un lado, se encuentra en una zona golpeada por una megasequía sin precedentes en los últimos mil años [5] y, por otro, porque allí se concentra cerca del 40% de los habitantes del país.
La cuenca, que tiene al río Maipo, al Mapocho y al Puangue como algunos de sus principales cauces, se extiende por toda la Región Metropolitana, así como por un pequeño sector de las regiones de Valparaíso y O'Higgins.
Se calcula que en esta cuenca la brecha hídrica es de un 17% [4]. Sin embargo, este cálculo se realizó con datos desactualizados para la última década —lo que deja en evidencia la falta de información oportuna y de calidad respecto al agua— y, por ende, la brecha podría ser mayor. Según estimaciones podría superar al 20%, pasando a una categoría de brecha media, lo que significa que es urgente priorizar el uso del agua, mejorar su eficiencia y proteger los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, en la actualidad el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para tomar estas medidas.
Como se puede ver en los gráficos, durante las últimas décadas las precipitaciones han ido disminuyendo en la Región Metropolitana. Los años secos, con promedios anuales que no superan los 500 mm al año, son cada vez más frecuentes.
En la parte alta de la cuenca del Maipo existen 768 glaciares. Debido a las bajas temperaturas, el agua se almacena naturalmente en ellos y va bajando a medida que se derrite. Estos glaciares son estratégicos para la región, porque suministran el agua superficial de la cuenca y sus reservas entregan un nivel básico de seguridad hídrica4 al país. Sin embargo, en los últimos años han sufrido reducciones considerables en su volumen [7]. El resto del agua se almacena en embalses artificiales, como el del Yeso, que también está en peligro: en los últimos cuatro años su capacidad ha disminuido un 40%.
Imagen del embalse el Yeso en marzo de 2016, capturada desde el espacio.
En marzo de 2020, el volumen de agua había disminuido alrededor de 40%. NASA.
Una vez que el agua baja hacia la cuenca, es usada por distintos sectores. La agricultura es el que más agua demanda: un 61,6% del total.
La gran minería deteriora los glaciares en todo el país, incluso cuando la mayor parte de las veces los proyectos cuentan con estudios de impacto ambiental aprobados por el Estado. Uno de los casos más polémicos se mediatizó en 2005, cuando se denunció que el proyecto Pascua Lama, de Barrick Gold, ubicado en la región de Atacama (en la frontera con Argentina) estaba dañando los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Si bien en 2020, luego de 15 años de litigación, la justicia ordenó su cierre definitivo debido a diversos incumplimientos ambientales, este caso dejó en evidencia que Chile necesita mejores herramientas para preservarlos. Son, a fin de cuentas, enormes reservas estratégicas de agua.
Una de las iniciativas más relevantes ha sido el proyecto de Ley de Protección de Glaciares, aún en discusión en el Congreso, pero las presiones del lobby minero han ido postergando su aprobación. Sin dudas, se trata de un tema de difícil solución. La actividad minera es “el sueldo de Chile”, pero el delicado escenario hídrico del país obliga a preguntarse ¿qué costo estamos dispuestos a pagar?
El alto consumo en los sectores urbanos contrasta con otro dato: el 42% de la población que vive en áreas rurales de la Región Metropolitana no tiene abastecimiento formal de agua potable [13]. Su forma de acceder al agua es a través de fuentes informales, como aguas de ríos, vertientes, esteros o a través de pozos subterráneos. Cuando esto no es posible, las comunas declaradas en escasez5 quedan habilitadas a extraer agua sin necesidad de contar con derechos de aprovechamiento de agua (DAA). También les da la posibilidad de recibir fondos de emergencia para que las empresas proveedoras de agua potable los abastezcan a través de camiones aljibes. Los decretos de escasez6 fueron diseñados para asegurar la redistribución de los DAA del agua durante sequías extraordinarias, pero en la práctica se sobreutilizan como herramienta para enfrentar la escasez hídrica. Hay que tener en cuenta que, al no priorizar ningún uso, no protegen el consumo humano.
Se calcula que cerca del 12% de la población rural de la Región Metropolitana depende de los camiones aljibes para tener agua cada día [13]. Esto significa un gran gasto para el Estado: solo en el 2019, el costo en camiones aljibes en la RM le significó 1.081 millones de pesos al Estado [15]. La situación hídrica es preocupante. A octubre de 2020, prácticamente todas sus comunas habían sido declaradas en escasez.
Actualmente, las instituciones que se encargan de la gestión del agua están fragmentadas. Existen más de 40 organizaciones que reparten cerca de cien funciones relacionadas con el agua:
Entre todas las organizaciones encargadas de gestionar este recurso, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas es una de las que tiene mayor responsabilidad. Sin embargo, se trata de un servicio público pequeño y con poco presupuesto. En 2019, por ejemplo, recibió 19.318 millones de pesos, solo el 0,7% del presupuesto del MOP [18]. Menos, incluso, de lo que el Estado gastó a nivel nacional en camiones aljibes ese mismo año (22.107 millones de pesos) [15].
La DGA es la encargada de otorgar los derechos de aprovechamiento de agua (DAA), que permiten extraer y usar una fuente específica de agua a perpetuidad. Si bien desde 1855 el Estado de Chile reconoce el agua como un bien nacional de uso público, la actual Constitución Política de la República, de 1980, le reconoció a los titulares de los DAA un derecho de propiedad sobre éstos. Por lo tanto, en Chile no hay propiedad sobre el agua pero sí sobre los DAA. Esto se traduce en que el agua es un bien público hasta que se asigna gratuitamente a un individuo o empresa. A partir de entonces, se rige por principios de propiedad privada y los DAA se transforman en un bien de mercado con valor económico que se puede comprar, vender y rentar con libertad. Si el Estado decidiera limitarlos, estaría obligado a pagar una indemnización.
Actualmente, uno de los grandes problemas con los DAA es que hay una asimetría entre los derechos otorgados y los que realmente existen. En 2017, por ejemplo, el número de DAA otorgados (consuntivos y permanentes) superó en seis veces la captación de aguas a nivel nacional [4]. Se ha calculado que 110 de los acuíferos más importantes del país se encuentran con una demanda comprometida superior a su recarga natural. Es decir, están sobreotorgados. Esto está generando una inseguridad hídrica cada vez mayor, que será un enorme problema a futuro, sobre todo en el centro y norte del país [19].
¿Cómo Chile puede alcanzar la seguridad hídrica que necesita? La respuesta está en ser capaz de salvaguardar el acceso sostenible al agua y, de esa forma, mantener los medios de subsistencia, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, preservando los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Sin dudas, esto implica tomar decisiones difíciles, que conllevan un alto impacto a nivel económico, social y ambiental.
El primer paso para lograrlo es definir lineamientos claros para proteger y priorizar el agua. Luego, se debe mejorar la gestión y contar con una nueva institucionalidad, más robusta y menos fragmentada. Este diagnóstico no es nuevo: a esta misma conclusión llegó la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (2012), la Política Nacional de Recursos Hídricos (2015) y actualmente se discute en la actual Mesa Nacional del Agua (MOP) [20]. Sin embargo, aún no se han producido grandes cambios.
El problema es urgente, pero debido a la burocracia y a los intereses políticos y económicos involucrados las soluciones continúan sin concretarse. Tal es el caso de la reforma al Código de Aguas de 1981, que lleva ocho años en el Congreso. La legislación chilena, que tiene una visión liberal del manejo de este recurso y promueve la creación de mercados de agua, minimiza el papel del Estado. Uno de los objetivos de esta reforma ha sido priorizar el consumo humano frente a otros usos, darles un carácter temporal a los DAA y restringirlos en situaciones de escasez (sin carácter retroactivo).
Después de un proceso de casi una década, la Comisión de Constitución del Senado se encuentra estudiando el proyecto. Según la postura más conservadora, la reforma sería inconstitucional, ya que afectaría el derecho de la propiedad privada en general, así como el derecho de aprovechamiento de aguas en particular. Sin embargo, es necesario destrabar la discusión para llegar a nuevos acuerdos. Las soluciones no pueden seguir aplazándose. Para contrarrestar los efectos del cambio climático y una mala gestión, es imprescindible que Chile cuente con instrumentos adecuados para organizar, distribuir y planificar el uso del agua a largo plazo. Se trata de un recurso vital y escaso, por lo que es más urgente que nunca desarrollar una legislación que no solo considere la dimensión económica de este recurso, sino que ponga en el centro su valor social y ambiental.
En este contexto, el actual proceso constituyente abre la posibilidad de poner las cartas sobre la mesa y trabajar para reconocer el agua como un bien público y colectivo, y así definir una nueva cultura alrededor de ella. Llegar a un consenso debería permitir destrabar una serie de reformas que ayuden a enfrentar la crisis hídrica desde todos sus frentes. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad se necesita voluntad política. No se puede seguir dando diagnósticos y convocando a mesas de trabajo sin que las soluciones se concreten. No se puede dejar pasar más oportunidades. La crisis es hoy y las soluciones ya están llegando tarde.