Crisis hídrica en Chile: La agonía del agua

Si imagináramos un planeta compuesto solo por el agua dulce de la Tierra, este apenas tendría 273 kilómetros de diámetro. Se trata, sin dudas, de un recurso escaso: de toda el agua que existe, solo el 1% puede ser consumida por el ser humano.

La falta de este elemento es cada vez más grave. Esto se debe, en gran parte, al cambio climático, que en muchas zonas del mundo ha aumentado las sequías extremas, reduciendo las precipitaciones y con ello el caudal de los ríos y lagos. Además, ha impactado sobre los glaciares, disminuyendo su volumen o haciéndolos retroceder.

A medida que la población mundial continúe aumentando, también crecerá la demanda de este recurso. Se estima que en 2050 el mundo necesitará más del doble de agua que en el 2000 [1].

La problemática varía alrededor del planeta, pero cerca de la mitad de la población mundial —3.600 millones de personas— vive en zonas que ya sufren o podrían sufrir escasez de agua. Esta cifra, según las Naciones Unidas, seguirá aumentando [2]. El pronóstico es alarmante: se calcula que para 2040 la mayor parte del mundo no tendrá agua suficiente.

WRI, 2020 [3]

Un futuro árido

Actualmente, muchas de las 101 cuencas hidrográficas que existen en Chile están en riesgo de déficit hídrico². Escenarios Hídricos 2030³ analizó el estado de 25 de ellas para conocer su brecha hídrica —es decir, la diferencia entre oferta y demanda de agua— y comprobó que en 20 de ellas es de moderada a alta, por lo que es necesario regular su uso [4].

Brecha hídrica en cuencas hidrográficas

Escenarios Hídricos 2030, 2018 [4]

Si bien las cuencas con mayor brecha hídrica están en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, en esta oportunidad nos centraremos en la del río Maipo, ya que, por un lado, se encuentra en una zona golpeada por una megasequía sin precedentes en los últimos mil años [5] y, por otro, porque allí se concentra cerca del 40% de los habitantes del país.

La cuenca, que tiene al río Maipo, al Mapocho y al Puangue como algunos de sus principales cauces, se extiende por toda la Región Metropolitana, así como por un pequeño sector de las regiones de Valparaíso y O'Higgins.

Región Metropolitana

DGA, 2020 [16]

Un sistema que hace agua

Actualmente, las instituciones que se encargan de la gestión del agua están fragmentadas. Existen más de 40 organizaciones que reparten cerca de cien funciones relacionadas con el agua:

Banco Mundial, 2013 [17]

Entre todas las organizaciones encargadas de gestionar este recurso, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas es una de las que tiene mayor responsabilidad. Sin embargo, se trata de un servicio público pequeño y con poco presupuesto. En 2019, por ejemplo, recibió 19.318 millones de pesos, solo el 0,7% del presupuesto del MOP [18]. Menos, incluso, de lo que el Estado gastó a nivel nacional en camiones aljibes ese mismo año (22.107 millones de pesos) [15].

Comparación del presupuesto de la DGA y el gasto en camiones aljibes en 2019

Observatorio del Gasto Fiscal, 2020 [18] y [15]

La DGA es la encargada de otorgar los derechos de aprovechamiento de agua (DAA), que permiten extraer y usar una fuente específica de agua a perpetuidad. Si bien desde 1855 el Estado de Chile reconoce el agua como un bien nacional de uso público, la actual Constitución Política de la República, de 1980, le reconoció a los titulares de los DAA un derecho de propiedad sobre éstos. Por lo tanto, en Chile no hay propiedad sobre el agua pero sí sobre los DAA. Esto se traduce en que el agua es un bien público hasta que se asigna gratuitamente a un individuo o empresa. A partir de entonces, se rige por principios de propiedad privada y los DAA se transforman en un bien de mercado con valor económico que se puede comprar, vender y rentar con libertad. Si el Estado decidiera limitarlos, estaría obligado a pagar una indemnización.

Actualmente, uno de los grandes problemas con los DAA es que hay una asimetría entre los derechos otorgados y los que realmente existen. En 2017, por ejemplo, el número de DAA otorgados (consuntivos y permanentes) superó en seis veces la captación de aguas a nivel nacional [4]. Se ha calculado que 110 de los acuíferos más importantes del país se encuentran con una demanda comprometida superior a su recarga natural. Es decir, están sobreotorgados. Esto está generando una inseguridad hídrica cada vez mayor, que será un enorme problema a futuro, sobre todo en el centro y norte del país [19].

El futuro es ahora

¿Cómo Chile puede alcanzar la seguridad hídrica que necesita? La respuesta está en ser capaz de salvaguardar el acceso sostenible al agua y, de esa forma, mantener los medios de subsistencia, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, preservando los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Sin dudas, esto implica tomar decisiones difíciles, que conllevan un alto impacto a nivel económico, social y ambiental.

El primer paso para lograrlo es definir lineamientos claros para proteger y priorizar el agua. Luego, se debe mejorar la gestión y contar con una nueva institucionalidad, más robusta y menos fragmentada. Este diagnóstico no es nuevo: a esta misma conclusión llegó la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (2012), la Política Nacional de Recursos Hídricos (2015) y actualmente se discute en la actual Mesa Nacional del Agua (MOP) [20]. Sin embargo, aún no se han producido grandes cambios.

Principales políticas y estratégias hídricas desarrolladas en Chile entre 1999 y 2020

El problema es urgente, pero debido a la burocracia y a los intereses políticos y económicos involucrados las soluciones continúan sin concretarse. Tal es el caso de la reforma al Código de Aguas de 1981, que lleva ocho años en el Congreso. La legislación chilena, que tiene una visión liberal del manejo de este recurso y promueve la creación de mercados de agua, minimiza el papel del Estado. Uno de los objetivos de esta reforma ha sido priorizar el consumo humano frente a otros usos, darles un carácter temporal a los DAA y restringirlos en situaciones de escasez (sin carácter retroactivo).

Después de un proceso de casi una década, la Comisión de Constitución del Senado se encuentra estudiando el proyecto. Según la postura más conservadora, la reforma sería inconstitucional, ya que afectaría el derecho de la propiedad privada en general, así como el derecho de aprovechamiento de aguas en particular. Sin embargo, es necesario destrabar la discusión para llegar a nuevos acuerdos. Las soluciones no pueden seguir aplazándose. Para contrarrestar los efectos del cambio climático y una mala gestión, es imprescindible que Chile cuente con instrumentos adecuados para organizar, distribuir y planificar el uso del agua a largo plazo. Se trata de un recurso vital y escaso, por lo que es más urgente que nunca desarrollar una legislación que no solo considere la dimensión económica de este recurso, sino que ponga en el centro su valor social y ambiental.

En este contexto, el actual proceso constituyente abre la posibilidad de poner las cartas sobre la mesa y trabajar para reconocer el agua como un bien público y colectivo, y así definir una nueva cultura alrededor de ella. Llegar a un consenso debería permitir destrabar una serie de reformas que ayuden a enfrentar la crisis hídrica desde todos sus frentes. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad se necesita voluntad política. No se puede seguir dando diagnósticos y convocando a mesas de trabajo sin que las soluciones se concreten. No se puede dejar pasar más oportunidades. La crisis es hoy y las soluciones ya están llegando tarde.